El secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha alertado sobre aproximadamente 200 fallos judiciales que presuntamente favorecen a individuos acusados de actividades delictivas. Estas resoluciones incluyen decisiones que permiten la liberación de los acusados o su traslado a centros penitenciarios de menor seguridad, incluso cuando la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana había emitido informes en contra de estos cambios. Las decisiones judiciales, según el secretario, presentan una discrepancia con las evaluaciones realizadas por las autoridades de seguridad.
García Harfuch expresó su preocupación por la aparente contradicción entre las decisiones del poder judicial y las evaluaciones técnicas realizadas por su dependencia, lo que podría afectar negativamente la seguridad pública. Según sus declaraciones, estos fallos judiciales podrían obstaculizar los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra la delincuencia, al facilitar que individuos peligrosos accedan a condiciones de reclusión más benignas de las que se recomienda.
Como consecuencia directa de estas revelaciones, se prevé la apertura de investigaciones para esclarecer las circunstancias bajo las cuales se tomaron estas decisiones judiciales. Este cuestionamiento podría abrir un debate sobre la independencia judicial y la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación entre las instituciones de seguridad y el poder judicial, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana y asegurar que la ley se aplique de manera justa y adecuada.