A medida que se acerca el primer aniversario del trágico incendio que cobró la vida de 40 migrantes en el centro migratorio de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, una investigación periodística ha sacado a la luz una serie de descubrimientos impactantes sobre el suceso.
Irregularidades y abusos: La verdad al descubierto
La investigación, llevada a cabo por los medios El Paso Matters, La Verdad y Lighthouse Reports, ha puesto al descubierto una alarmante cadena de fallos en los protocolos de seguridad que contribuyeron a la tragedia.
Según testimonios de sobrevivientes recabados para este informe, los migrantes detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) se encontraban en condiciones precarias, sin acceso adecuado a alimentos, agua o espacio en una celda superpoblada. Además, fueron sometidos a maltratos verbales y amenazas de deportación.
La trampa mortal: Revelaciones escalofriantes del centro migratorio
El incendio se desató cuando un grupo de migrantes, hartos de las condiciones inhumanas, iniciaron un incendio con sus colchonetas como protesta. Sin embargo, los videos de seguridad filtrados muestran a los agentes migratorios huyendo mientras el humo se propagaba, sin intentar socorrer a los detenidos.
Rocío Gallegos, directora de La Verdad y coautora de la investigación, denuncia una serie de irregularidades que convirtieron el lugar en una «trampa mortal». La falta de ventilación, la saturación de la celda y la ausencia de detectores de humo convirtieron la estación en un peligro latente para los migrantes.
Negligencia oficial: Contradicciones y responsabilidad
A pesar de las afirmaciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que el responsable de las llaves no estaba presente, los investigadores contradicen esta versión. Se ha descubierto que varios funcionarios tenían acceso a las llaves y manipulaban las celdas durante el día del incendio.
Después del incidente, también se revela que cerraron el centro de detención, pero aún no han completado las nuevas instalaciones prometidas. Mientras tanto, la responsabilidad recae sobre la compañía de seguridad privada contratada por el INM, cuyo permiso está en proceso de revocación.