La controversia detrás de “La People II” y sus referencias delictivas

Infobae

El auge del corrido tumbado ha vuelto a colocar en el centro del debate a su exponente más conocido, Peso Pluma, tras el lanzamiento de “La People II”. Esta canción ha generado polémica al hacer referencia directa a individuos presuntamente ligados a estructuras del narcotráfico, como “El Piyi”, identificado como parte del aparato de seguridad de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. Según versiones preliminares, varios de los personajes mencionados han sido capturados o abatidos por las autoridades, lo que ha convertido el tema musical en un punto de observación tanto cultural como judicial.

Esta forma de narrativa, que se inscribe en la tradición de los corridos pero con una estética más urbana y contemporánea, aparentemente ha generado opiniones divididas. Por un lado, los seguidores del género la ven como una expresión artística que refleja una realidad social cruda. Por otro, sectores críticos acusan a estas canciones de romantizar o incluso glorificar la violencia, dando visibilidad a personajes que están fuera del marco legal. Este dilema ha puesto en entredicho el papel de los artistas en la construcción de discursos públicos sobre temas sensibles como el narcotráfico.

Personajes reales y consecuencias judiciales

Lo más llamativo de “La People II” no es solo su ritmo contagioso, sino el hecho de que menciona a personajes cuyas trayectorias delictivas han sido objeto de investigaciones oficiales. “El Piyi”, por ejemplo, fue identificado por fuerzas de seguridad mexicanas como una figura clave en el esquema de protección de “Los Chapitos” y, presuntamente, cayó en un operativo reciente. Este tipo de referencias convierte a las canciones en documentos culturales que, aunque no tienen valor legal, pueden reflejar conexiones reales con figuras del crimen organizado.

Según analistas, estas menciones musicales pueden tener una doble consecuencia. Por un lado, refuerzan la mística de los criminales entre ciertos sectores sociales, especialmente jóvenes que consumen este tipo de música sin filtros críticos. Por otro lado, proporcionan pistas indirectas que pueden ser utilizadas por las autoridades para identificar redes, movimientos o jerarquías dentro de organizaciones criminales. En ese sentido, la música se transforma en un elemento inesperado dentro del ecosistema de la seguridad pública.

El papel de la música en la narrativa del crimen

La consecuencia directa de la popularidad de canciones como “La People II” es, presumiblemente, un mayor escrutinio sobre el vínculo entre cultura popular y criminalidad. Aunque en muchos casos los músicos se escudan en la libertad artística y la ficción, la línea entre narración cultural y apología se vuelve cada vez más difusa cuando los nombres, eventos y estructuras coinciden con investigaciones en curso. Esto ha llevado a que gobiernos estatales o municipales consideren restricciones sobre este tipo de espectáculos, alegando su impacto social negativo.

La polémica también impulsa a los medios, la academia y las instituciones de seguridad a revisar el papel de la música como espejo social, especialmente en contextos donde el narcotráfico tiene una fuerte presencia territorial. Lejos de ser solo entretenimiento, estas producciones se convierten en una ventana a dinámicas complejas que combinan poder, violencia, estatus y cultura. El caso de Peso Pluma es solo uno de los muchos que ilustra esta relación simbiótica entre la realidad y el arte.

Entre la libertad creativa y la responsabilidad social

Finalmente, el debate abierto por “La People II” invita a una reflexión más profunda sobre los límites de la expresión cultural en contextos marcados por la violencia y la impunidad. Mientras Peso Pluma y otros exponentes del género continúan ganando audiencias globales, también crecen las preguntas sobre las responsabilidades éticas de quienes narran estas historias. ¿Debe regularse el contenido musical con fines sociales o debe prevalecer la libertad de expresión? Esta es una pregunta que, en un país como México, aún no tiene una respuesta consensuada.