
Ante el incremento de casos de despojo en el Estado de México, diversos actores sociales han solicitado al Congreso local que revise y endurezca las penas contempladas para este delito. Entre enero y febrero de este año se abrieron 861 carpetas de investigación, lo que ha generado preocupación en sectores ciudadanos y productivos. Quienes impulsan esta petición consideran que las sanciones actuales no son lo suficientemente efectivas para disuadir a los responsables ni para proteger adecuadamente el patrimonio de las víctimas.
Según versiones preliminares, el aumento de este ilícito está asociado a la percepción de impunidad y a la facilidad con la que los agresores recuperan su libertad. Por ello, la propuesta se enfoca en reforzar el marco legal vigente, con el objetivo de castigar de forma más severa a quienes se apropien ilegalmente de inmuebles o terrenos, afectando tanto a particulares como a instituciones.
Como consecuencia directa, se prevé que el Congreso del Estado de México analice posibles reformas al Código Penal local. Un ajuste en las penas podría implicar sanciones más estrictas, incluyendo mayores condenas de prisión y multas más elevadas, con el propósito de generar un impacto disuasorio y fortalecer la seguridad jurídica en la entidad.