La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró recientemente que no es posible adquirir legalmente un terreno que haya sido invadido, siempre que exista una denuncia previa por allanamiento. Esta disposición busca evitar que quienes ocupan de forma irregular una propiedad puedan obtener beneficios económicos a través de su venta. Según versiones preliminares, la medida pretende reforzar la legalidad y proteger los derechos de los propietarios legítimos.
La medida busca evitar legalizar invasiones por medio de compraventas
Una consecuencia directa de esta política es que cualquier intento de adquirir un terreno invadido, con denuncia registrada, será inválido. Esto refuerza la lucha contra el despojo de bienes inmuebles. También reduce los incentivos para ocupar propiedades ajenas, ya que impide que esas situaciones puedan derivar en procesos de venta legal. Aparentemente, la intención de la Segob es desincentivar estas prácticas, al establecer consecuencias claras para quienes intenten aprovecharse de ellas.
Regularización territorial con límites definidos
Este anuncio también influye en los procesos de regularización de tierras. Establece límites concretos para predios ocupados de forma ilegal. Según versiones preliminares, la medida busca equilibrar el derecho a la vivienda con la necesidad de respetar la propiedad privada. De esta manera, la Segob fortalece el orden legal en temas de tenencia de la tierra y mejora la seguridad jurídica en zonas con alta presión habitacional.
Llamado a actuar dentro del marco legal
Con esta aclaración, la Secretaría de Gobernación deja claro que las transacciones inmobiliarias deben regirse por el respeto a la ley. El mensaje institucional es firme: no se permitirá la legalización de situaciones irregulares a través de compraventas a ocupantes ilegales. Aparentemente, la directriz también busca evitar conflictos legales prolongados, al generar reglas claras tanto para propietarios como para posibles compradores.
Una postura que fortalece la certeza jurídica
La posición de la Segob puede convertirse en un referente para autoridades locales que enfrentan ocupaciones irregulares en sus territorios. También transmite un mensaje claro a quienes intentan apropiarse de terrenos ajenos. Según versiones preliminares, esta medida promueve una gestión más transparente y justa del territorio. Al mismo tiempo, brinda mayor seguridad jurídica a quienes adquieren propiedades por vías legales.