El Gobierno de M茅xico confirm贸 una reducci贸n del 8.2% en los recursos asignados para combatir el trabajo infantil en 2025. Esta decisi贸n se toma en un contexto donde, seg煤n informes preliminares, persisten casos significativos de explotaci贸n de menores en varias regiones del pa铆s. La medida genera inquietudes por su posible impacto en las acciones de prevenci贸n y erradicaci贸n de esta pr谩ctica ilegal.
Esta disminuci贸n presupuestaria podr铆a limitar el funcionamiento de programas clave. Las iniciativas afectadas incluyen campa帽as de concientizaci贸n, inspecciones laborales y apoyos sociales para familias en situaci贸n de vulnerabilidad. Con menos recursos, estas estrategias podr铆an reducir su alcance, eficiencia e impacto. La consecuencia m谩s inmediata ser铆a una desaceleraci贸n en los esfuerzos por proteger a la infancia trabajadora.
Programas sociales enfrentan nuevos desaf铆os
Menores recursos implican menores capacidades operativas. Esto afectar铆a directamente la vigilancia en sectores donde el trabajo infantil se mantiene activo, como la agricultura, la construcci贸n informal o el comercio ambulante. Adem谩s, podr铆an verse afectados los programas que ayudan a ni帽as y ni帽os a reintegrarse al sistema educativo. Este ajuste complica a煤n m谩s el objetivo de reducir la deserci贸n escolar provocada por la necesidad econ贸mica.
Organizaciones civiles y organismos multilaterales ya han expresado su preocupaci贸n. La medida env铆a una se帽al ambigua sobre el compromiso del Estado mexicano con los derechos de la ni帽ez. Varios actores consideran que, en lugar de disminuir los fondos, se deber铆an fortalecer para atender causas estructurales como la pobreza y la marginaci贸n.
Una problem谩tica estructural con efectos duraderos
El trabajo infantil refleja una realidad social compleja. No solo responde a condiciones econ贸micas precarias, tambi茅n est谩 vinculado con la falta de acceso a servicios b谩sicos y oportunidades educativas. Ante esta realidad, la reducci贸n de fondos parece contradecir los principios de protecci贸n social que el Estado ha defendido en foros nacionales e internacionales.
Adem谩s, este recorte podr铆a debilitar la posici贸n de M茅xico ante instancias como la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT). La credibilidad del pa铆s en materia de derechos humanos tambi茅n podr铆a verse afectada. Esto har铆a m谩s dif铆cil sostener acuerdos de cooperaci贸n internacional que exigen compromisos firmes en temas de infancia.
Replantear prioridades para proteger a la infancia
Las decisiones presupuestarias reflejan prioridades gubernamentales. En un entorno de limitaciones fiscales, es fundamental proteger las partidas que atienden a la ni帽ez. Las autoridades pueden explorar mecanismos alternativos como alianzas p煤blico-privadas, fondos multilaterales o reorientaci贸n de gasto interno.
Es indispensable un di谩logo abierto entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Este enfoque puede ayudar a mantener, o incluso mejorar, el impacto de las pol铆ticas sociales. Lo que est谩 en juego no es solo el cumplimiento de una meta administrativa, sino el bienestar y el futuro de millones de ni帽as y ni帽os mexicanos.