
Diversos expertos coinciden en que México debe priorizar la seguridad interna como pilar fundamental para enfrentar de manera efectiva al narcotráfico. Más allá de las tácticas militares o la erradicación de cultivos, este enfoque resalta que la debilidad institucional y la falta de control territorial facilitan la expansión de las organizaciones criminales. Fortalecer las instituciones de justicia, realizar una depuración rigurosa de los cuerpos policiales y garantizar el Estado de derecho en todo el país son acciones indispensables para revertir esta situación, según versiones preliminares.
Impacto esperado de un enfoque renovado en seguridad
La consecuencia directa de este cambio de enfoque sería la posible reducción de la violencia y la impunidad que caracterizan la actividad de los grupos delictivos. Al desmantelar sus estructuras y asegurar el cumplimiento de la ley, aparentemente se podría restablecer la confianza ciudadana en las autoridades, creando un entorno más favorable para el desarrollo económico y social. Esta estrategia busca establecer las bases para que otras políticas preventivas y de desarrollo tengan un impacto sostenible y duradero.
Repercusiones para la gobernanza y el sector empresarial
Desde una perspectiva de gobernanza, este planteamiento implica una reasignación significativa de recursos y un compromiso político constante a largo plazo. Para las empresas e inversionistas, un entorno con mayor seguridad y menor influencia del crimen organizado representaría una mejora notable en la confianza para operar y expandirse en México. La ejecución efectiva de esta prioridad es, sin duda, fundamental para la viabilidad económica y social del país, así como para la reconstrucción del tejido social afectado por años de violencia.