
Una creciente preocupación se ha instalado entre millones de familias mexicanas ante la posibilidad de que se imponga una tasa a las remesas enviadas desde Estados Unidos. Esta eventual medida ha generado un considerable nerviosismo, dado que estos flujos de dinero representan una parte fundamental del sustento económico para un vasto segmento de la población en México. La incertidumbre sobre la implementación y el alcance de dicho gravamen está impactando la planificación financiera de numerosos hogares que dependen directamente de estos recursos.
La inquietud es comprensible si se considera que las remesas constituyen una de las principales fuentes de ingresos del país, superando incluso otras entradas de divisas. Para un número significativo de hogares mexicanos, estos envíos no son un ingreso adicional, sino la base de su economía familiar, cubriendo necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud. La imposición de cualquier tipo de impuesto sobre estas transferencias, por lo tanto, amenaza con reducir directamente el poder adquisitivo de millones de personas y generar una presión económica adicional.
Una consecuencia directa de esta eventual medida sería un severo impacto en la estabilidad económica de las familias receptoras y, consecuentemente, en la dinámica económica de diversas regiones de México. De materializarse, la reducción en el volumen neto de remesas podría traducirse en un deterioro de las condiciones de vida para muchos segmentos de la población, incrementando la vulnerabilidad social y económica. Además, podría generar una tensión adicional en la relación bilateral con Estados Unidos, dada la relevancia social y política de este tema para ambos países.