Reducción del presupuesto para combatir el trabajo infantil genera preocupación en sectores sociales y económicos

El Gobierno de México confirmó una reducción del 8.2% en los recursos asignados para combatir el trabajo infantil en 2025. Esta decisión se toma en un contexto donde, según informes preliminares, persisten casos significativos de explotación de menores en varias regiones del país. La medida genera inquietudes por su posible impacto en las acciones de prevención y erradicación de esta práctica ilegal.

Esta disminución presupuestaria podría limitar el funcionamiento de programas clave. Las iniciativas afectadas incluyen campañas de concientización, inspecciones laborales y apoyos sociales para familias en situación de vulnerabilidad. Con menos recursos, estas estrategias podrían reducir su alcance, eficiencia e impacto. La consecuencia más inmediata sería una desaceleración en los esfuerzos por proteger a la infancia trabajadora.

Programas sociales enfrentan nuevos desafíos

Menores recursos implican menores capacidades operativas. Esto afectaría directamente la vigilancia en sectores donde el trabajo infantil se mantiene activo, como la agricultura, la construcción informal o el comercio ambulante. Además, podrían verse afectados los programas que ayudan a niñas y niños a reintegrarse al sistema educativo. Este ajuste complica aún más el objetivo de reducir la deserción escolar provocada por la necesidad económica.

Organizaciones civiles y organismos multilaterales ya han expresado su preocupación. La medida envía una señal ambigua sobre el compromiso del Estado mexicano con los derechos de la niñez. Varios actores consideran que, en lugar de disminuir los fondos, se deberían fortalecer para atender causas estructurales como la pobreza y la marginación.

Una problemática estructural con efectos duraderos

El trabajo infantil refleja una realidad social compleja. No solo responde a condiciones económicas precarias, también está vinculado con la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades educativas. Ante esta realidad, la reducción de fondos parece contradecir los principios de protección social que el Estado ha defendido en foros nacionales e internacionales.

Además, este recorte podría debilitar la posición de México ante instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La credibilidad del país en materia de derechos humanos también podría verse afectada. Esto haría más difícil sostener acuerdos de cooperación internacional que exigen compromisos firmes en temas de infancia.

Replantear prioridades para proteger a la infancia

Las decisiones presupuestarias reflejan prioridades gubernamentales. En un entorno de limitaciones fiscales, es fundamental proteger las partidas que atienden a la niñez. Las autoridades pueden explorar mecanismos alternativos como alianzas público-privadas, fondos multilaterales o reorientación de gasto interno.

Es indispensable un diálogo abierto entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Este enfoque puede ayudar a mantener, o incluso mejorar, el impacto de las políticas sociales. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una meta administrativa, sino el bienestar y el futuro de millones de niñas y niños mexicanos.