
La comunidad de Zihuaquio, en el estado de Guerrero, enfrenta una nueva oleada de violencia derivada de los enfrentamientos armados entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana. Según versiones preliminares, el retiro reciente de elementos de seguridad habría dejado expuestos a los pobladores, quienes, presuntamente, han sido víctimas de ataques directos. Entre los afectados se encuentran mujeres y niños que hoy claman por una intervención inmediata y sostenida del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
El retorno a una comunidad devastada
Los residentes de Zihuaquio habían sido desplazados por la violencia en 2019 y regresaron en 2022 a un entorno profundamente deteriorado por la presencia criminal. La situación actual, aparentemente, amenaza con repetir ese ciclo de desplazamiento forzado, al reactivar los enfrentamientos que impiden cualquier forma de normalidad comunitaria. El reclamo ciudadano apunta a la falta de garantías mínimas de seguridad, que obstaculizan tanto el desarrollo económico local como la vida digna de sus habitantes.
Consecuencias sociales y de seguridad nacional
Una consecuencia directa de este contexto es la creciente fragilidad del tejido social en la región, sumada a la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad. Además, la prolongación de la disputa territorial entre cárteles podría escalar, afectando no solo a Zihuaquio, sino también a municipios vecinos e infraestructuras estratégicas. La exigencia actual no solo es de presencia física de fuerzas federales, sino de una estrategia integral y permanente que enfrente la criminalidad desde una perspectiva preventiva y de contención.