
Durante los primeros cuatro meses de 2025, Nuevo León ha registrado 300 casos de extorsión, una cifra que, según datos de la Fiscalía General de Justicia estatal, refleja un incremento sostenido en este tipo de delito. Esta tendencia al alza confirma la persistencia de una problemática que afecta tanto a ciudadanos como al sector productivo, exponiendo la fragilidad del entorno social y económico frente a prácticas delictivas que operan con aparente organización.
El comportamiento estadístico sugiere que las estructuras criminales dedicadas a la extorsión podrían estar consolidándose en la entidad. Aunque aún no se han detallado públicamente las modalidades específicas de los casos reportados, la frecuencia creciente de estos hechos exige una respuesta articulada por parte de las autoridades. La falta de acciones visibles o efectivas podría incrementar el impacto negativo sobre la población y desincentivar la denuncia, particularmente en el ámbito empresarial.
Una consecuencia directa de esta escalada es el deterioro de la percepción de seguridad en el estado, lo cual podría afectar el clima de inversión y limitar el desarrollo económico de la región. A medida que crece la presión pública, se anticipa que los gobiernos locales deberán implementar estrategias más robustas de prevención y combate al delito, además de campañas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.